Desde Juntos por el Cambio, los constituyentes Myriam Canga y Ramiro Requejado presentaron una modificación al artículo 125 inc.27 de la Carta Orgánica, que se refiere a la manera de nombrar edificios públicos. Entendemos que mientras más clara y precisa sea la norma, de mejor manera se podrá evitar que suceda lo que pasa con la Casa de la Mujer que fue ilegitima e ilegalmente nombrada, expresó Canga.
“Para la modificación del art. 125 inc. 27 proponemos la incorporación de un tiempo de espera entre el fallecimiento de la persona y el bautizo del espacio público. Comienzan a verse estas consideraciones en otras legislaciones, tal es el caso de la Carta Orgánica de Trelew, que prevé un intervalo de tiempo entre el fallecimiento de una persona reconocida y la posibilidad de honrarla con la designación de su nombre a un espacio público”, detalla Canga.
La convencional, que tiene una fuerte participación en la agrupación Pioneras Fueguinas, espacio que ha reclamado por la imposición del nombre del edificio de la Casa de la Mujer y dado difusión a la historia de las mujeres simples de la Ushuaia de otros tiempos, dice que “en la Argentina existe una histórica tradición de reivindicaciones de personas que han tenido una participación política que resulta en un culto al personalismo, llevándonos a dejar de lado un principio básico: los bienes públicos son de todos los ciudadanos y no son propiedad de un sólo partido político o de una persona en particular, aunque esté circunstancialmente en el gobierno”.
“Por ello, es necesario establecer parámetros objetivos para que esa tradición de homenajear a personas mediante la designación de sus nombres a espacios públicos sea representativa de la mayoría de los ciudadanos”, afirmó.
“Con Ramiro y el equipo de trabajo creemos que es importante establecer un plazo entre la desaparición física de una persona y la posibilidad de nombrar edificios o espacios públicos en su honor. Esto permitirá alejar las pasiones propias generadas por la inminencia de un hecho de trascendencia y permitirá darle mayor objetividad a las designaciones, las que además probablemente sean más perdurables en el tiempo y no sufran los vaivenes propios de los cambios de gobierno”.
En referencia a los veinte años de espera para otorgar el nombre recalcó: “Entendemos que ese lapso es el prudente para evaluar a las personas y los hechos con la perspectiva que sólo puede otorgar el tiempo”, justificó Canga.
La referente local finalmente expuso que “también se impone la necesidad de que la atribución de nombres a espacios públicos no sea ejercida por autoridades de turno como mecanismos demagógicos para venerar a líderes políticos o para congraciarse con parte de la sociedad o algún dirigente social”.
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